Hace un mes, un portal inmobiliario publicó un estudio en el que situaba a la provincia de Toledo como la segunda que más viviendas de banco hay en el mercado en relación con el número total de viviendas disponibles (12,8%). Sólo le supera la región de Murcia (13,7%). Este dato pone por delante muchos retos a solventar, que son consecuencia de la época de la burbuja inmobiliaria. Uno de ellos es cómo actuar frente a las okupadas ilegalmente por mafias que utilizan “narcopisos” para vender drogas u organizar redes criminales, chantajeando a los propietarios. Desde movimientos populistas, se nos ha acostumbrado a presentar estas ocupaciones como un derecho de la gente que carece de hogar a causa de la crisis; pero la mejora de la coyuntura económica no ha reducido el número de viviendas okupas –ya van por 87.000 en España-, sino que muchas mafias se están aprovechando de una situación legal confusa, que les permite obtener beneficios significativos con unos costes muy bajos. Los casos de inseguridad en muchos pueblos de la provincia de Toledo –especialmente en la Sagra Norte- están aumentando.
Julio Comendador, portavoz de Cs Toledo
En la actualidad, los ayuntamientos solo pueden actuar para paliar este problema en dos casos: por ejecución sustitutoria en casos en los que prevalezca el deber de conservación de una vivienda, o cuando un desalojo se hace inevitable para mantener la seguridad. Pero para garantizar a los propietarios y a los vecinos de este tipo de inmuebles los principios básicos de un Estado de Derecho, hay que abrir el melón de las viviendas okupas y dar un paso más.
La obligación de todo ayuntamiento es garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia y evitar cualquier situación de insalubridad. Se entiende que los ayuntamientos, en aras de garantizar estos derechos del resto de las comunidades vecinales, deben ponerse manos a la obra y mover ficha -dentro de los márgenes permitidos (ordenanzas, etc.)- para afrontar la okupación cuanto antes. Hace falta definir competencias, que pueden tener ayuntamientos y/o comunidades autónomas, que resuelvan más eficazmente el problema de viviendas okupadas por mafias organizadas -especialmente aquellas que estén en manos de bancos o fondos de inversión-, y que puedan suponer un impedimento real para el bienestar y la tranquilidad del resto de vecinos.
Fuera de este debate queda la situación de aquellas personas que han ocupado un piso vacío porque no tienen medios económicos para pagarse uno. Para estos casos, hay que ir a modificaciones legislativas que promuevan la dación en pago y el alquiler social.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Begoña Villacís (Cs) está planteando el debate de que las comunidades de vecinos puedan ceder la acción de inicio de procesos judiciales. De esta manera el consistorio actuaría en su nombre y, una vez recuperado el inmueble, el ayuntamiento podría actuar para tomar aquellas medidas que debería haber tomado el propietario para garantizar los derechos del resto de vecinos. Hay que ponerle solución al problema recurrente de la falta de denuncias de propietarios cuando se trata de bancos y fondos de inversión que, al tener un parque de viviendas enorme, no actúan con demasiada celeridad.
También en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos ha presentado medidas en esta línea, como enmiendas a las iniciativas que el PSOE y el PNV presentaron en el Congreso para derogar o modificar la Ley de Seguridad Ciudadana. Una de ellas es la de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan proceder a la entrada y registro en inmuebles okupados.
Pongamos sentido común y vayamos a por iniciativas –dentro de nuestro sistema jurídico del Código Civil y de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local- que actúen contra el vacío legal de las viviendas desocupadas, que son propiedad de entidades bancarias o financieras, en busca de terminar con las situaciones de inseguridad que se están dando en nuestras localidades en estos tiempos afectados por la crisis económica.