Artículo de Opinión

Por Julio Comendador Arquero. Diputado provincial y portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Toledo

 

“No se pueden permitir ni crear microclimas en estas instituciones [las diputaciones] que permitan que se puedan crear derechos de cobro indebidos”. Son palabras de Alfonso Escudero, senador del PSOE por la provincia de Cuenca, del pasado 18 de mayo en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Como no son palabras del que escribe, sino de un compañero socialista del partido que gobierna en la Diputación de Toledo, quizás ayuden más a contextualizar un problema que sonroja a nuestra institución provincial a ojos del Tribunal de Cuentas y que el grupo de Ciudadanos llevará a debate al próximo pleno con la intención de encontrar una solución. Me refiero a los complementos arbitrarios de productividad, más conocidos como sobresueldos.

Julio Comendador en un Pleno de la Diputación de Toledo

Justo hace un año, se conocieron las conclusiones del Informe de fiscalización de los gastos de personal e indemnizaciones por razón del servicio de las diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha y Extremadura elaborado por el Tribunal de Cuentas. En el mismo se señala directamente a la institución provincial de Toledo en varios aspectos a mejorar y, desde mi grupo, nos marcamos como objetivo utilizar todos los medios a nuestra disposición para reformar el funcionamiento de la Diputación de Toledo, al menos en el sentido que nos marcaba el órgano supremo fiscalizador en ese informe. Por ejemplo, para el Tribunal de Cuentas, los 700 euros al mes que cobran los diputados toledanos no liberados no respondían “al concepto de asistencias por concurrencia efectiva” como exige la Ley de Bases de Régimen Local. Desde Ciudadanos hemos insistido en utilizar todos los recursos a nuestro alcance para denunciar y poner remedio a un hecho que se repetía la mayoría de los meses: el cobro de esos 700 euros que se justificaban por la asistencia a una comisión o pleno extraordinario de apenas cinco minutos. Por fin, encadenamos meses seguidos en los que se convocan plenos ordinarios donde los diputados podemos trabajar en nuestras propuestas en beneficio de los toledanos, justificando, ahora sí, el sueldo.

El siguiente tema que necesita una solución es el procedimiento de asignación de los complementos de productividad en nuestra institución provincial, tal y como pusieron de relieve los partidos políticos presentes en la Comisión Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del mes pasado. Se basaban nuevamente en el informe del órgano supremo fiscalizador que concluía que “no había un sistema de evaluación del desempeño basado en elementos objetivos para la asignación del complemento de productividad” y, refiriéndose específicamente a la Diputación de Toledo, añadía que “no disponían de criterios específicos para la asignación de productividad”.

Estos complementos son pluses en las nóminas de 300-500 euros, que suponen unos 150.000 euros del presupuesto anual de la Diputación, y que, en su día, se concedieron por decreto de Presidencia y ahí perduran, sin control. Consultado este tema con sindicatos, nos comentan la indefensión que esto provoca también en el propio funcionario que lo percibe, puesto que si esa labor extra respecto a lo que marca su sueldo está justificada, el camino que marca la ley es el de consolidar esa tarea en una plaza nueva, revisando la Relación de Puestos de Trabajo de la institución provincial.

Si las Cortes Generales le piden a la Diputación de Toledo que fije criterios objetivos en el pago de los sobresueldos, haciendo una evaluación del desempeño, habrá que ponerse manos a la obra. La propuesta que el grupo de Ciudadanos llevará al pleno de la Diputación de este mes va en este sentido, pidiendo que se revisen los complementos de productividad año a año, durante la elaboración de los presupuestos provinciales, con transparencia. ¡Basta ya de jugar con el dinero de los toledanos!