Begoña Molina: “Queremos garantizar la sostenibilidad del servicio pero ello pasa por mejorar su gestión actual en términos de eficiencia, eficacia y economía, subsanando irregularidades y cumpliendo con la Ley de Sostenibilidad”
El Grupo Municipal de Cs Quintanar de la Orden reclama al Equipo de Gobierno del Partido Popular la adopción de medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad y la continuidad del servicio de la escuela infantil municipal “Pin Pom”.
Begoña Molina: “Queremos garantizar la sostenibilidad del servicio pero ello pasa por mejorar su gestión actual en términos de eficiencia, eficacia y economía, subsanando irregularidades y cumpliendo con la Ley de Sostenibilidad”
La concejal de la formación naranja en la localidad, Begoña Molina, ha explicado en rueda de prensa que “a día de hoy las cifras que arroja el informe de valoración del servicio y que desde nuestra llegada al Consistorio siempre hemos reclamado, nos confirma que la gestión de la escuela infantil no cumple con los principios de eficiencia, eficacia y economía”, destacando que “primero, partido Socialista con su negativa a tan siquiera hacer la valoración técnica y segundo, el Partido Popular, ahora con los datos del informe sobre la mesa, siendo capaz de afrontar la situación, han demostrado que prefieren gobernar bajo una visión personalista que de servicio público con los vecinos de Quintanar”.
Molina ha manifestado que “nuestro grupo siempre ha apostado por mantener este servicio pero esta continuidad no puede justificar el mantenimiento de privilegios y el consentimiento de irregularidades a costa de los bolsillos de los contribuyentes” y que según palabras de la concejal, “la escuela municipal le supone al Ayuntamiento de Quintanar un coste de más de 500.000 euros, para ser más exactos en el 2019 tiene un presupuesto de 544.438 euros, de los cuales 495.000 euros, es decir más del 90% de su presupuesto, va destinado a exclusivamente a retribuciones de personal”.
La concejal ha declarado que “denunciamos el sobrecoste de este servicio, con un gasto de 2 millones de euros por legislatura para 90 usuarios, que además no es de competencia municipal sino de la Junta y que con la sucesión de los distintos gobiernos regionales de PP y PSOE han ido reduciendo la aportación económica para su sostenimiento, repartida al inicio en tercios entre administración regional, ayuntamiento y usuarios de 139.000 euros cada uno, y que ahora se limita a poco más de 29.000 euros que el Gobierno de Page viene a entregar, después de que su antecesora Cospedal, lo redujese en 100.000 euros para contribuir únicamente con 39.000 euros”.